Rafael Montero Artigas
El artículo 33 de nuestra constitución reconoce el derecho a la propiedad privada y la herencia. La propiedad privada son los bienes de cualquier tipo (viviendas, capitales vehículos, objetos, herramientas, incluso fábricas, edificios enteros, terrenos) que pueden ser poseídos, comprados, vendidos, arrendados o dejados como herencia, a personas naturales y jurídicas distintas del estado, es decir, por elementos del sector privado de la sociedad. Un principio básico de la convivencia es la propiedad privada que, en la medida de posibilidades de progresar de cada uno, llegará con el producto de su propio esfuerzo o, en algunos casos, aprovechando el trabajo de generaciones anteriores. Lo de la herencia, termino socialmente mal visto por algunos, suele ser un camino para el progreso de la sociedad (no creo yo que Amancio Ortega necesite todo el dinero que ya tiene, sigue trabajando y transfiriendo la empresa con visión de futuro, para cuando él ya no esté). Tan legal es empezar una carrera con el esfuerzo de uno, como recoger el testigo de la generación anterior. En ambos casos el futuro está en juego, nadie te garantiza nada. Así las cosas, no acabo de comprender la protección del inquilino tramposo por parte de la ley, ni que esta permita la invasión de un piso o una casa. Mucho menos se entiende esa basura de razonamiento de que el propietario de tres casas es un capitalista especulador. En motrileño antiguo: “Tan legal es gastarte el dinero en vino como comprar casas”. Eso sí, con tu dinero. No se entendería que entraras a la taberna y bebieras sin pagar, o entraras en un concesionario y te llevaras un coche de gratis. Pero el gobierno mira para otro lado, y en el peor de los casos insulta incluso al propietario, llevando el mensaje de que la veda está abierta para los depredadores de la propiedad privada, a los cuales, si me apuras, le pones una paga. “Cosas veredes, amigo Sancho”.
